Los Estatutos Generales del Personal Público, establecen un sistema de Función Pública diferente al sistema de gestión de carrera existente, según el cual, la persona designada es reclutada en función de su nivel de formación y es promovida según el criterio de antigüedad en el servicio, con un sistema centrado en nuevos principios de empleo. La característica principal de este nuevo sistema es que los empleados son designados para puestos específicos para los que están calificados y solo pueden ascender en función de su desempeño. Por tanto, será más fácil motivar al personal, ya que el sistema de evaluación se basará en el desempeño, estando sujeto a la remuneración, al ascenso y a la promoción por mérito y los cursos de actualización que alcance el empleado. Este enfoque también permite que los funcionarios en puestos de supervisión evalúen al personal a su cargo sobre la base de resultados específicos.
Más allá del cambio del sistema de Función Pública, estos Estatutos Generales del Personal Público, establecen las siguientes innovaciones:
- Adaptar la remuneración del personal al costo de la vida con una retribución sujeta al puesto de trabajo y los incrementos salariales sujetos al rendimiento.
- Establecer un ámbito de aplicación que incluye a todo aquel que preste servicios de manera permanente en la Función Pública, entendiendo por Función Pública el conjunto de todas las Administraciones Públicas (administración central, local, de los órganos constitucionales y entidades autónomas sin fines de lucro).
- Remitir al derecho laboral a los empleados de las empresas públicas y al personal que presta servicios en la administración mediante contratos.
- Descentralizar la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública, responsabilizando a cada institución pública en todas las cuestiones relacionadas a su personal (reclutamiento, promoción, gestión, separación, etc).
- Establecer que el reclutamiento para los puestos de dirección (no políticos) se haga por los mismos principios de publicidad, méritos, capacidad, objetividad y necesidad exigidos para los puestos de plantilla.
- Limitar las excedencias voluntarias con garantía de reincorporación al puesto de trabajo a un máximo de tres (3) meses y desarrollar las excedencias especiales.
- Establecer una liquidación por terminación de empleo, cuando un funcionario es separado automáticamente del servicio a consecuencia de la supresión o discontinuidad de su puesto de trabajo o cuando es jubilado.
- Establecer una distinción entre la separación del servicio y el despido por faltas graves.
- Remitir a la legislación especial en materia de seguridad social el cálculo de las pensiones del personal público jubilado.
El Marco de Políticas de Reforma Administrativa nos permite enfocar la visión, objetivos y lineamientos de la política de Gobierno, así como los logros y perspectivas de futuro.
La reforma de la Función pública es, por lo tanto, un requisito imperativo para restaurar la eficiencia de la administración pública, mejorar los servicios al público y contribuir a la implementación de las políticas tanto para el buen gobierno como para el alivio de la pobreza.
El propósito de esta reforma puede describirse mejor en términos de lo que la Función pública de Guinea Ecuatorial debería lograr en los años venideros. Se espera que la nueva Función pública sea:
- Una que tenga estructuras funcionales acordes con las principales misiones del Estado, sin superposición de funciones, ni disfunción, y que esté en consonancia con la capacidad financiera del Estado.
- Una en la que las funciones técnicas se diferencian de las funciones políticas, con seguridad en el cargo y un estatus permanente para los puestos técnicos.
- Equitativa, eficaz y eficiente, con mayor delegación de competencias y responsabilidades.
- consciente de las necesidades y problemas cruciales de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial y lista para ofrecer servicios adaptados a sus expectativas.
- Una que comprenda una administración descentralizada gestionada localmente, bajo la dirección de una administración central de tamaño razonable, que conservaría la responsabilidad de la supervisión y el control de las políticas, normas y procedimientos para el interés público y el bienestar de la población.
- Una Función pública para el desarrollo, creativa, orientada a resultados y centrada en el desarrollo del sector privado, el crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.
Ambos documentos han sido aprobados con unanimidad en dicho consejo Interministerial y se someterá en fechas próximas en la cámara Baja.